También fueron denunciados los servicios que presta Telecom Personal, AMX Argentina S.A. ex CTI y Movistar, como así también las irregularidades permanentes en la prestaciones atinentes a las mismas en base a lo que determina el Reglamento del Servicio Básico de Telefonía Celular y de las obligaciones asumidas por las empresas al momento de haberles sido otorgadas las pertinentes habilitaciones.
En la presentación, desde el organismo de defensa de los usuarios se manifestó que resulta urgente el atender y revertir la situación enunciada y que actualmente existe en la provincia de Formosa, donde incluso media una causa judicial tramitada por ante el Fuero Federal contra las prestatarias del servicio.
En ese sentido, se busca exigirles que inviertan en infraestructura básica para cumplir con las obligaciones que le son atinentes y a la par otorguen, por orden de la autoridad de aplicación las compensaciones pecuniarias correspondientes a sus clientes, damnificados directos por las deficiencias que presenta la telefonía móvil.
Las denuncias y reclamos que recibe el organismo de la Constitución se deben siempre a "incumplimientos contractuales, trato abusivo o arbitrario, publicidad engañosa, mal funcionamiento del sistema, problema con el alcance de la señal o falta de la misma, falta de remisión y anomalías en los mensajes de textos, diferencia entre el costo del servicio y lo prometido por vendedores, dificultades y demoras en la acreditación de tarjetas pre-pagas, entre otras", se indicó.
Por su parte, el defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, indicó que "quienes comercializan legalmente celulares en Formosa no informan que los mismos tienen determinado alcance en la señal, prima siempre el interés en vender el mayor número posible de aparatos y líneas, no haciéndose responsables de los inconvenientes posteriores".
El funcionario también manifestó que "las compañías tienen la obligación de prestar el servicio de manera regular, ininterrumpida y dentro de los cánones de calidad que le impone el permiso otorgado, todo en base a los preceptos antes expuestos y a lo que determina la C.N.C. y la normativa vigente".
"Por ello, la CNC y la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, en su carácter de autoridad de aplicación, contralor y fiscalización deben tomar medidas apropiadas a fin de solucionar la problemática de la telefonía móvil en todo el país, en general y en nuestra Provincia en particular", expresó Gialluca.
Agregó: "En este sentido una de las alternativas, además de la judicial que lleva adelante la Defensoría del Pueblo es la de solicitar la intervención de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, del defensor del pueblo de la Nación, Eduardo René Mondino, de la CNC y del Congreso de la Nación a los efectos de la determinación de un nuevo marco normativo regulatorio específico para la telefonía móvil, instancia formulada simultáneamente por el organismo de la Constitución provincial".
Finalmente, el doctor Gialluca sugirió a todos los clientes de la telefonía móvil de la provincia que realicen las denuncias y reclamos formales, que los mismos "no son en vano y resultarán determinantes al momento en que nuestras autoridades nacionales deban resolver sobre el fondo de la cuestión".